"a) Profesor de Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador, verasleonardo2@yahoo.com"
Políticas públicas ecuatorianas ante las recomendaciones de la CEDAW. Estudio de caso en la
parroquia rural San Isidro, provincia Manabí en el período del 2012 al 2015
"Leonardo Vera Viteri" *
Resumen
La presente investigación realiza un análisis de cómo se implementan las recomendaciones y principios de la CEDAW sobre la violencia contra la mujer
en las políticas públicas de la parroquia rural de San Isidro, Cantón Sucre, provincia Manabí. Se escogió el nivel microsocial para el análisis debido a
las decisiones muestrales del investigador y la accesibilidad del campo de estudio, así como el interés de conocer cómo en este espacio se logran o no la
articulación de las políticas y reglamentaciones que en el marco macrosocial tienen lugar en el país y que son de carácter vinculante. Para realizar el
estudio se empleó la metodología cualitativa con el uso de la entrevista en profundidad como técnica principal de la investigación, así como el análisis de
documentos y de contenido cualitativo. La estrategia de la investigación siguió el diseño del estudio de caso. Se obtuvo entre sus resultados, el
desconocimiento por parte de las mujeres y funcionarios públicos de la CEDAW así como el escaso conocimiento sobre los instrumentos del Estado
ecuatoriano que protegen los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. En esta investigación se consideró la violencia de
género como un problema estructural producto de la sociedad patriarcal, atendiendo a las consideraciones antes apuntadas.
Palabras clave: políticas de información, mujeres montuvias, violencia de género, diversidad cultural.
Ecuadorian public strategies facing the recommendations of the CEDAW. The rural parish of San
Isidro on Manabí province as a case of study in the period from 2012 to 2015
Abstract
This present research develops an analysis of the recommendations and principles of CEDAW about violence against women, implemented on the public
policies of the rural parish of San Isidro, Canton Sucre, Manabí province. The microsocial level was chosen for the analysis due to the researcher's
sampling decisions and the accessibility of the field of study, as well as the interest of knowing how in this space the articulation of the policies and
regulations that in the macrosocial framework are achieved in the country and are of a binding nature. Qualitative methodology was used to carry out the
study with the use of the in-depth interview as the main research technique, as well as document analysis and qualitative content analysis. The research
strategy followed the design of the study case. Some of the results revealed the lack of awareness by women and public officials of CEDAW, as well as the
lack of knowledge about the instruments of the ecuadorian State that protect the rights of women to live away from violence and discrimination. In this
research, gender violence was considered as a structural problem caused by the patriarchal society, taking into account the aforementioned
considerations.
Keywords: public policies, rural women, gender violence, equality, cultural variety.
Dirección para correspondencia: verasleonardo2@yahoo.com
Artículo recibido el 01 - 05 - 2016
Artículo aceptado el 15 - 03 - 2017
Conflicto de intereses no declarado
Fundada 2016 Unidad de Cooperación Universitaria de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.
2 RECUS. REVISTA ELECTRÓNICA COOPERACIÓN - UNIVERSIDAD – SOCIEDAD. UTM – ECUADOR ISSN 2528 - 8075
Vera Viteri
1. Introducción
La región latinoamericana se ha encargado de dar pasos significativos en
la temática de violencia de género. En 1975, en México, se celebraba la
Primera Conferencia Mundial sobre las Mujeres donde se señalaba la
educación social y el respeto a la integridad física de las mujeres como
una de las principales necesidades de la sociedad. Existen instrumentos
legales internacionales que reportan avances importantes de la segunda
mitad del siglo XX, tales como la ratificación de la Conferencia por la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
(CEDAW) efectuada en 1979 y la posterior conquista del Protocolo
Facultativo.
La Convención de Belém do Pará de 1994, convocada por la OEA,
constituye una fuente de inspiración a la primera serie de legislación
contra la violencia hacia las mujeres en los años 90. El tema ha sido
tratado y debatido en todas las plataformas de acción y en los
compromisos expresados en las conferencias de la ONU, como la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Eco-92); la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre
asentamientos humanos (HABITAT II), desarrollada en Estambul en el
año 1996; la Declaración Mundial de la Unión Internacional de
Autoridades Locales (IULA) sobre las Mujeres en el Gobierno Local de
1998; la Declaración del Congreso Fundador de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos, que tuvo lugar en París en el 2004. La Carta Internacional
por el Derecho de la Mujer a la Ciudad, elaborada por la Red Mujer y
Hábitat de América Latina; la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad de
1995 y la Declaración de Montreal sobre la Seguridad de las Mujeres en
2002, son también parte de los referidos instrumentos (Soto, 2013).
Cabe destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada
en 1993, define en su declaración la categoría de violencia sobre la mujer,
como toda violencia física, sexual y psicológica que sea producida en el
ámbito familiar y en la comunidad; incluyendo los malos tratos, el abuso
sexual a menores, la mutilación genital femenina o la violencia
relacionada con el aspecto económico; indistintamente si es ejercida por el
marido o como práctica tradicional. En esta declaración se enfatiza en la
importancia de que los Estados condenen la violencia contra la mujer,
independientemente de las costumbres, tradiciones o consideraciones
religiosas; impugnando estas justificaciones como vías para eludir la
responsabilidad en hechos de violencia.
En la Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en
1995, quedó claramente expresado que la violencia contra la mujer impide
que se logren los objetivos de igualdad de desarrollo y paz, menoscabando
el cumplimiento de los deberes y el disfrute de los derechos
fundamentales de las personas. Se insta además a los Estados a la
adopción de medidas que prevengan y eliminen esta forma de violencia.
La definición de violencia fue otro de los acápites que quedó definido en
esta conferencia: “La intención de utilizar la fuerza física o verbal para
alcanzar un objetivo durante un conflicto. La violencia en sí misma es una
acción devastadora que puede manifestarse a través de cuatro tipos de
agresión: psicológica, verbal, física o sexual” (Conferencia Mundial sobre
la Mujer, 1995). Se entiende entonces que esta definición sentó las bases
para la tipificación del delito de violencia contra la mujer tomando en
consideración los tipos de agresión especificados.
En 1967 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CCJSM), ante la preocupación en la persistencia de la discriminación
contra la mujer y pese a las diversas resoluciones aprobadas por las
Naciones Unidas y los organismos especializados para favorecer la
igualdad de derechos entre géneros, se formulan recomendaciones de
política a fin de mejorar la condición del sexo femenino, culminando con
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer CETFDCM (CEDAW en sus siglas en inglés), adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979.
La CEDAW tuvo como propósito la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, estableciendo una serie de obligaciones
jurídicas para los estados partes con el objetivo de reformular las leyes de
los mismos a fin de que fueran incorporadas las recomendaciones de la
misma para combatir la discriminación de la mujer.
De esta forma, queda definida la expresión “discriminación contra la
mujer” en el Artículo 1 de la CEDAW como:
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera. (Soto, 2013)
El Estado ecuatoriano es signatario de los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos de las mujeres, en particular de la
CEDAW y su Protocolo Facultativo, firmado en 1980 y ratificado en
1981. En relación a la violencia contra las mujeres, se ratifica en junio de
1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer. Esta herramienta jurídica plantea una serie
de obligaciones y recomendaciones que buscan el goce y ejercicio pleno
de los derechos de las mujeres, y en particular del derecho a vivir libres de
violencia.
Los mandatos y compromisos contenidos en esta Convención se
convierten en normativa de aplicación directa e inmediata para el gobierno
del país y todas sus instancias públicas, según la Constitución, los
derechos y garantías establecidos en ella y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio. De esta manera, las políticas públicas
a emprender en la dirección del cumplimiento de éste y otros
instrumentos, no sólo deben abarcar el ámbito penal, sino también la
esfera administrativa, afectando todos los mecanismos que intervienen en
el acceso a la justicia y el resarcimiento de los daños infligidos a la
población residente en el país.
Es así que el Estado ecuatoriano presenta informes periódicos ante la
CEDAW, sobre el cumplimiento de sus recomendaciones que responden a
la necesidad de realizar una valoración integral sobre la protección y
promoción de los derechos de las mujeres cada cuatro años. Los informes
presentados son contrastados con los informes denominados “sombras”,
presentados por las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad
civil.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008 determina que “toda
forma de discriminación contra la mujer debe ser considerada como una
violación de los derechos humanos” así como el reconocimiento del
principio de la igualdad, añadiendo la igualdad material en su Artículo
66.4, no contenida en el texto constitucional de 1998 con el propósito de
proteger y promover la unidad en la diversidad, en busca de la igualdad
real para grupos históricamente discriminados (CEDAW/C/ECU/8-9,
2012: 3).
RECUS. PUBLICACIÓN ARBITRADA CUATRIMESTRAL. V0L 2, AÑO 2017, No. 1 (Enero - Abril) 3
Políticas públicas ecuatorianas ante las recomendaciones de la cedaw. Estudio de caso en la parroquia rural San Isidro, provincia Manabí en el período del 2012 al 2015
Para dar cumplimiento a este principio y a la democracia desde los
procesos de institucionalidad pública que se desarrollan en la actualidad,
se han establecido leyes, normativas, medidas, políticas que incorporan el
enfoque de género en planes y programas para su obligatoria aplicación en
el sector público en la eliminación de la discriminación de la mujer,
implicando la responsabilidad no solo estatal, sino de la sociedad civil en
general a través de campañas de comunicación, capacitación, educación
dirigidas al cambio de patrones socioculturales característicos y heredados
de la sociedad patriarcal.
Según plantea De la Cruz y Cobo (2009), la incorporación del objetivo
de igualdad de género en las políticas públicas, así como la necesidad de
una institucionalidad estatal responsable en la materia, es el resultado de
un largo proceso social y político. Aun cuando en la región
latinoamericana este proceso es producto fundamentalmente del esfuerzo
del movimiento de mujeres, su inclusión en el debate público por otros
actores ha estado condicionada por el contexto político global y por las
concepciones y valores vigentes.
En este sentido, las estrategias son un aspecto de la realidad política,
de la que igualmente forman parte los actores gubernamentales,
individuales y colectivos, el andamiaje institucional y el régimen que
prevalece en el sistema público. La noción de política pública está
estrechamente vinculada a las decisiones que pone en marcha el Estado a
través de sus aparatos en la gestión de los gobiernos. El gobierno
representa el principal, aunque no exclusivo, factor instrumental para la
ejecución o implementación de los mandatos contenidos en las políticas
públicas (García-Prince, 2008).
Asimismo, toda política pública encubre una teoría del cambio social.
Hay una relación de causa/efecto en las disposiciones que rigen y
fundamentan la acción pública. Esta causalidad, que es normativa, se
identifica a través de los objetivos, los contenidos y los instrumentos de
acción de los que la autoridad gubernamental se dota para generar, a partir
de sus actuaciones, los efectos o impactos sobre el tejido social.
Según Guzmán y Todaro (1995), la incorporación de la dimensión de
género en las políticas públicas implica la implementación de proyectos
específicos orientados a las mujeres, que respondan a la singularidad de
sus situaciones y a la necesidad de implementar medidas de
discriminación positiva para contrarrestar las desventajas iniciales que
comparten algunos grupos de mujeres. Menciona como ejemplos, los
proyectos orientados a debilitar las prácticas de violencia contra la mujer,
dar apoyo a las mujeres víctimas de violencia, favorecer el ingreso al
mercado de trabajo de las jefas de hogar pobres, prevenir y dar atención a
las embarazadas adolescentes, o contrarrestar la desinformación de las
mujeres acerca de sus derechos.
En Ecuador, impulsados en gran medida por el movimiento de
mujeres, se han producido algunos avances en el marco jurídico e
institucional en materia de equidad de género en las últimas décadas.
Desde la nueva Constitución, ratificada el 28 de septiembre de 2008, hasta
el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir donde se estipula la
transversalización de género, diversas han sido las políticas públicas y
disposiciones estatales respecto a la igualdad y contra la discriminación de
la mujer.
Sin embargo, en el Informe Sombra al Comité de la CEDAW,
Ecuador 2014, se evidencian retrocesos para la vigencia de los derechos
de las mujeres. Se evidencia desde la desestructuración de la
institucionalidad de género en el país, que impide la existencia de una
entidad rectora de políticas de esta índole, hasta el retroceso en la
legislación, en cuanto a violencia, derechos sexuales o reproductivos y
maternidad gratuita. Unido a ello, se aplican políticas y leyes
homogeneizadoras que generan discriminación y hacen invisibles las
desigualdades. Se plantea que Ecuador vive un proceso de estancamiento
profundo en torno a los derechos reproductivos. Los marcos legales no
incorporan avances respecto a leyes que resultan ser retrógradas y
patriarcales a nuestro siglo, como el articulado referido al aborto en el
Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente, pese a las
recomendaciones del Comité de la CEDAW (2012) y del Comité del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC) (CEDAW/C/ECU, 2014).
Esta situación afecta en mayor grado a las adolescentes y mujeres más
pobres, indígenas o extranjeras y de origen rural, y a aquellas de las
diversidades sexuales. La Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y
Violencia de Género del INEC y CDT 20112 evidencia la magnitud del
problema: 6 de cada 10 mujeres de 15 a 64 años han sido víctimas de
violencia en algún momento de su vida (Atlas de Desigualdades,
2013:100).
Las políticas desarrolladas por el Gobierno ecuatoriano para enfrentar
esta temática, pese a los avances realizados, como la creación de
judicaturas especializadas, con personal técnico adecuado, o la
incorporación de nuevas tipificaciones sobre violencia y femicidio en el
Código Orgánico Integral Penal, aún no logran garantizar a las mujeres su
derecho a una vida sin violencia. No existe aún una política de
prevención, lo que se ha visto agravado por la larga transición
institucional (2008-2014) que no ha permitido desarrollar una rectoría de
políticas clara y definida sobre el tema; hay artículos en el COIP que
colocan la violencia de género y los delitos comunes en el mismo nivel.
En suma, no se cuenta con la voluntad política y la decisión suficiente, por
lo que las acciones han sido insuficientes (CEDAW/C/ECU, 2014).
Lo cierto es que, a pesar de las problemáticas presentadas por el
último informe del Comité en el 2014, el Estado ecuatoriano muestra su
intencionalidad a fin de lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres,
así como la erradicación de la violencia. En ello juegan un papel
protagónico las políticas públicas y los encargados de su aplicación. De
esta forma es en el espacio municipal donde se deben articular esta serie
de reglamentaciones y disposiciones que a nivel de país se generan.
Por esta razón, la presente investigación analiza las políticas públicas
y la adopción e implementación concretas de las recomendaciones
internacionales de la CEDAW referidas a la eliminación de la violencia
contra la mujer en el caso de la parroquia rural de San Isidro. Esta
población, al ser un sector rural, carece de datos estadísticos que
visibilicen la incidencia de los problemas derivados de la violencia de
género. Es un contexto que culturalmente se ha caracterizado por
relaciones de género desiguales y conservadoras y donde se visibilizan
mayormente las prácticas de la sociedad patriarcal. Ante estas
características, la violencia contra la mujer persiste en este espacio que
responde, entre otros factores, a patrones culturales de comportamiento
machista, y que tiende a naturalizar otras formas de violencia más allá de
lo físico y la agresión sexual. Es por ello que la investigación no solo
indaga en las acciones realizadas desde las políticas públicas en la
eliminación de la violencia en este sentido, sino también en aquellas
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Vera Viteri
acciones que comprometen cambios de prácticas y patrones
socioculturales intrínsecos a la sociedad patriarcal desde las
especificidades de la ruralidad.
Se analiza la aplicabilidad y la eficacia de estos instrumentos legales
en políticas públicas ante la solución del problema de la discriminación y
la violencia contra la mujer en la parroquia. Para ello se plantea como
objetivo general, determinar cómo se incorporan los principios de la
política internacional de la CEDAW sobre la violencia de género en las
políticas públicas de la parroquia rural de San Isidro, cantón Sucre,
provincia Manabí, en el período del 2012 al 2015.
2. Material y Métodos
Una perspectiva cualitativa permite encarar al mundo social con sus
particularidades y complejidades, por ello es la más indicada para el
desarrollo de la investigación. Siendo el problema de la violencia de
género un fenómeno múltiples manifestaciones por el alto componente
simbólico y cultural con que se presenta, la problemática se aborda
mediante el método del estudio de caso.
Se emplean como técnicas el análisis documental para la observación
de las políticas y documentos de trabajo del sector público de la parroquia
y la entrevista en profundidad, como la herramienta privilegiada para
acceder a la información más relevante.
La muestra se ha seleccionado teniendo en cuenta los siguientes
criterios de intencionalidad: 1. Características socioeconómicas: mujeres
empleadas, profesionales empleadas y mujeres trabajadoras domésticas no
remuneradas, 2. Edad; y 3. Raza.
Se han tenido en cuenta los criterios de heterogeneidad, con el
propósito de abarcar tipos extremos de mujeres de acuerdo a su inserción
laboral, considerando el trabajo (en este caso no remunerado) una de las
categorías fundamentales para comprender las desigualdades de género,
ya que este posibilita la inserción social, la participación y el acceso de las
féminas a los beneficios de la sociedad.
Las mujeres entrevistadas se han seleccionado a través de informantes
clave, recurriéndose luego a la técnica del muestreo por bola de nieve,
donde las contactadas mencionan otras de interés para el estudio.
2.1. La perspectiva de género en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la parroquia San Isidro
El análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia San Isidro del 2015, documento que se enmarca en los Planes
de Desarrollo de la parroquia; los Planes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y el Plan Nacional de Desarrollo en un período de 20
años y del cual emanan las políticas públicas y agendas de desarrollo de la
parroquia persigue ver cómo se abordaba el tema de género y la violencia
contra la mujer.
Para la realización de dichos documentos se construye un diagnóstico
sociocultural de la parroquia donde se indagan someramente las
“manifestaciones violentas”, sin embargo, no se especifica a qué tipo de
manifestaciones se refiere. De esta forma no se tienen en cuenta a la hora
de elaborar el diagnóstico, a pesar de que la provincia Manabí, que es en
la que se enmarca la parroquia, es una de las de mayor porcentaje de
violencia de género del país. Así se hace invisible la violencia contra la
mujer, que tiene como consecuencias la omisión de este fenómeno en el
posterior diseño de las políticas públicas y las agendas de desarrollo de la
parroquia y en la distribución del presupuesto. Asimismo, la encuesta no
recoge ningún indicador dirigido específicamente al tratamiento de la
mujer. Las omisiones señaladas, apuntan que no existe una voluntad
política suficiente que articule el derecho de las mujeres a una vida libre
de discriminación y violencia en los planes de desarrollo de la parroquia,
y aún más, el desconocimiento por parte de los decisores públicos de los
instrumentos desarrollados por el Estado ecuatoriano para este fin, los
cuales deben ser articulados a las estrategias de desarrollo y políticas
públicas en los gobiernos locales por su carácter vinculante.
En cuanto al tratamiento sobre los servicios y el sistema de salud,
tampoco se cuenta con estadísticas desagregadas ni se puntualiza en
aquellos servicios específicos para la mujer en general y para la atención
de las féminas maltratadas. En el abordaje del acceso y uso de espacio
público y cultural, no se referencia el número de acceso de mujeres a los
mismos o a cuantas están en condiciones de deficiente accesibilidad según
las vías. Sobre la Organización Social, se plantea que el mayor problema
detectado en la parroquia es la carencia de organizaciones femeninas, pero
no se analiza el porqué de esta situación, que a su vez está relacionado con
las políticas diseñadas para la participación ciudadana de la mujer.
2.2. Políticas públicas, recomendaciones de la CEDAW,
manifestaciones de violencia contra la mujer en la
parroquia
Para el análisis de la problemática han sido entrevistados 8
funcionarios públicos: el Vicepresidente del GAP, así como 2 de sus
vocales, la comisaria municipal, el párroco, 1 policía, el Tesorero de la
Junta Parroquial y 1 teniente político.
La selección del grupo de mujeres para el estudio se realizó de forma
intencional de acuerdo a criterios premeditados como: raza, edad, nivel de
escolaridad y categoría ocupacional. En total, se entrevistaron a 32
mujeres de la parroquia.
Las edades de las mujeres oscilan entre los 15 y los 75 años con un
predominio de mujeres entre 15 y 19 años de edad. Su situación familiar,
a pesar de las diferencias entre ellas tiene como signo común el ser
receptoras de violencia por parte de sus cónyuges, amantes o ex cónyuges
y otras instancias como el espacio público. Se observa que el mayor
porcentaje corresponde a las mujeres amas de casa, que representan un
43,7% del total, las mujeres que se encuentran empleadas un 32,37% y las
estudiantes un 21,8%. Respecto a la raza, un 55% de las entrevistadas se
identificaron como mestizas, un 30% de ellas como montubias y un 15%
como blancas.
De manera general, los funcionarios públicos entrevistados
desconocen de la existencia de la CEDAW, sin embargo, mostraron
conocimientos acerca de las acciones y algunas medidas que el gobierno
ecuatoriano implementa para erradicar la violencia contra la mujer, que
están relacionadas con los principios de la CEDAW, ya que el Estado
ecuatoriano ha modificado su Constitución e implementado un marco
legal para dar cumplimiento a los principios y recomendaciones de la
misma.
Las principales acciones identificadas por estos, constituyen
fundamentalmente aquellas que se reflejan a través de los medios de
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Políticas públicas ecuatorianas ante las recomendaciones de la cedaw. Estudio de caso en la parroquia rural San Isidro, provincia Manabí en el período del 2012 al 2015
comunicación masiva como las campañas, así como los espacios creados
para la participación de la mujer en la vida pública donde se reconoce el
principio de igualdad de género. Algunos de los entrevistados aluden la
existencia de condenas por delitos de acoso sexual y violación. No
obstante, reflejan que falta mucho por hacer en lo que a información y
comunicación acerca de la violencia contra la mujer se refiere. A pesar de
los avances que en esta materia se han venido logrando en el país, son
insuficientes los conocimientos sobre el comportamiento de este
fenómeno, relacionado sobre todo con estadísticas de femicidio y
violencia intrafamiliar, revictimización, y existencia de formas de
violencia más allá del ámbito doméstico; así como los programas
destinados a la educación de la población en materia de género con el
propósito de generar cambios en los patrones de comportamiento de la
sociedad patriarcal.
Por otro lado, los funcionarios reconocen la existencia de un marco
legislativo y regulatorio asociado al proceso de institucionalidad del
Estado ecuatoriano y los planteamientos de la Constitución que promulga
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, para lo cual se han
diseñado e implementan diversas acciones que constituyen instrumentos
de base para la elaboración de las políticas públicas de la parroquia. En
este sentido, 3 de los funcionarios manifiestan el conocimiento del Código
Orgánico de la Función Judicial del 2009 (por su contenido, no por su
denominación), el cual establece cómo actuar ante casos de violencia
intrafamiliar y la creación de defensorías públicas especializadas para las
mujeres víctimas de violencia.
Como parte de las estrategias a nivel nacional para incorporar la
perspectiva de género en los espacios de intervención pública, los
funcionarios apuntan tener algunos conocimientos en esta materia y
señalan 4 de los entrevistados sentirse sensibilizados para el trabajo de
inclusión de la mujer en la parroquia. La mayoría de los conocimientos los
han recibido como parte de capacitaciones impartidas en el subcentro de
salud, sin embargo, consideran que es necesario fomentar más acciones de
capacitación y de evaluación de sus desempeños en materia de género,
pues en ocasiones no saben evaluar si su intervención ha sido efectiva o
no. En este sentido, recomiendan que deba existir un acompañamiento por
especialistas en el tema a la hora de diseñar e implementar las políticas
públicas, sobre todo en el caso de la violencia contra la mujer.
Los funcionarios aluden a un marco legal que protege a las mujeres de
todo tipo de maltrato, principalmente el intrafamiliar, indicando ésta como
una de las vías de mayor producción de violencia. En este sentido, los
entrevistados apuntan que los principales mecanismos existentes en la
comunidad para la atención de la violencia contra la mujer son los
servicios de salud a los que acuden las mujeres para ser atendidas en caso
de agresión. Se menciona al sistema judicial de la parroquia encargado de
establecer las sanciones pertinentes a los victimarios de las mujeres que
plantean sus denuncias y de llevar a cabo el procedimiento legal del
fenómeno una vez hecha la denuncia.
Sin embargo, de manera general, se evidencia un desconocimiento de
muchas de las acciones, estrategias y políticas que implementa el Estado
ecuatoriano en materia de género, sobre todo las dirigidas a la
erradicación de la violencia, lo que atenta contra el cumplimiento eficiente
y efectivo de las leyes que protegen a las mujeres; o por varias razones,
una aplicación inapropiada de éstas. Hay deficiencias en el conocimiento
de los procedimientos penales específicos que se deben seguir al aplicar
las nuevas leyes. Además, parecen existir dificultades en establecer una
coordinación efectiva entre los sectores que se encargan de lo judicial y de
la aplicación de la ley. Esto significa que, aun cuando se aprueben nuevas
leyes que castiguen la violencia basada en el género, es mucho más difícil
cambiar la lógica con la que se aplican las leyes en general.
Algunos funcionarios manifiestan que uno de los mecanismos que se
desarrollan en la parroquia para prevenir y eliminar la violencia, es la
organización de charlas y conversatorios a mujeres; en algunos centros de
salud se le ofrece también a las parejas como parte de un servicio de
mediación familiar, aunque de forma aislada y poco sistemática, por lo
que no consideran que sea muy efectiva.
Según sus opiniones, una de las causas de persistencia de la violencia
y discriminación contra la mujer está en que la población está poco
preparada e informada sobre el fenómeno, muchas mujeres no saben
reconocer cuándo son maltratadas, algunos actos de violencia se
convierten en prácticas naturalizadas y existen muchas formas de
violencia que éstas no reconocen como tal.
Otro de los mecanismos implementados para combatir la
discriminación de la mujer es la posibilidad de participación política y la
ocupación de cargos públicos de las mismas, sin embargo, los
entrevistados consideran que aún es insuficiente el número de mujeres que
ocupan cargos de gobierno en la parroquia.
A pesar de que los funcionarios no conocen de la existencia de la
CEDAW y sus planteamientos en el ámbito de la gestión de gobierno, se
encuentra presente el espíritu de los mismos en algunas acciones que se
desarrollan. Cotidianamente se trabaja a favor de sus principios aunque de
manera implícita, mediados a partir de la puesta en práctica de los
mecanismos legales, normativos y regulatorios que emanan de los
principios de la Carta Magna del Estado ecuatoriano. Este documento
ratifica los principios de la CEDAW, y para cumplir con ello, se han
tomado medidas concretas y establecido protecciones jurídicas contra la
discriminación de la mujer.
Sin embargo, la poca capacitación y el desconocimiento de la
existencia de los postulados de la CEDAW, limitan su puesta en práctica
de forma consciente y a cabalidad. Por otro lado, tampoco existen
programas sistemáticos de capacitación a la mujer y a la familia para la
prevención de la violencia, se han hecho algunos esfuerzos en los centros
de salud, pero no han tenido un resultado efectivo por la poca preparación
de los que brindan el servicio, y porque tampoco existe una
concientización del problema.
En cuanto a la transversalización del enfoque de género en la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
sectoriales como de planificación y ordenamiento territorial de los GAD,
los funcionarios apuntan que esta instancia no está cumpliendo dicho
papel en la parroquia, no visibilizan alguna política concreta destinada a
este fin, y a la eliminación de la violencia contra la mujer. Asimismo, no
facilitan apoyo del GAD en desarrollo de proyectos dirigidos a la
eliminación de la violencia contra la mujer, pues éste se dirige más a
proyectos de tipo comercial, iniciativas de emprendimiento en la
localidad, y a la mejora de servicios sanitarios.
Se señala, que si bien se reconoce la importancia por parte de los
funcionarios públicos de incorporar a efectos reales la perspectiva de
género, en la lectura de algunos de sus testimonios se puede observar una
forma de aproximación del género como parte de un discurso “moderno”,
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y que es necesario incorporarlo para estar a “la moda”. En tanto, para
algunos de los encargados de los proyectos de desarrollo de la parroquia,
el género aparece relacionado con políticas asistencialistas que focalizan
sus acciones en la mujer. Ello indica que las nociones sobre el género y la
discriminación contra la mujer están ancladas en un paradigma de
desarrollo conservador e intervencionista.
Como consecuencia, las medidas que se implementan en la parroquia
para la eliminación de la violencia contra la mujer, responden más al
diseño de políticas públicas de tipo reactivas que proactivas, pues, al no
existir una planeación estratégica de forma sistémica en todos los ámbitos
(tanto a nivel macro como a nivel micro) dirigida al cambio de
comportamientos, prácticas, patrones patriarcales, la atención de la
violencia contra la mujer queda limitada a la atención inmediata de la
mujer maltratada en los centros de salud y las sanciones que puedan
recibir los victimarios cuando las mujeres realizan la denuncia,
identificado casi siempre a este con el cónyuge de la mujer.
De manera general, los discursos de los funcionarios públicos apuntan
que la visión sobre la violencia contra la mujer a través de la
implementación de políticas públicas se centra más en la necesidad de
incrementar los servicios de atención a las víctimas, brindándoles el apoyo
que requieren en cualquiera de las situaciones de crisis por las que
atraviesa la mujer maltratada. De esta forma, el tratamiento que se da a la
problemática en la Parroquia, hace recaer todas las decisiones para poner
fin a la violencia en manos de la justicia o de los médicos, instancias a las
que acuden las mujeres mayormente en casos de agresión.
Por su parte, el imaginario social de los funcionarios respecto a la
violencia de género, se centra fundamentalmente en la violencia
intrafamiliar asociada al maltrato físico, sexual y psicológico, aludiendo
así, que estas son las principales manifestaciones de violencia contra la
mujer existentes en la parroquia. En opinión de estos actores, estas
manifestaciones están asociadas al incremento del consumo de alcohol y
drogas por parte de las parejas de las mujeres, así como a los celos
asociados con actitudes machistas de los mismos, que supone una relación
de poder superior a la de la mujer, sobre todo en el espacio rural que es
donde más se visibilizan estas formas de violencia.
Por otro lado, los funcionarios públicos apuntan que muchas veces se
desconocen las manifestaciones de violencia contra la mujer porque ellas,
en la mayoría de los casos, prefieren ocultarlo por el temor a la opinión
pública y a su victimario. La percepción de las mismas sobre qué es la
violencia, las lleva a asimilar como regulares otras formas de
discriminación. La obligación de abandonar sus estudios o sus trabajos
para atender las tareas del hogar no es una conducta reconocida como
parte de una violencia simbólica, sino que se considera rol que debe
asumir de acuerdo a su género. Esto conduce que se haga invisible la
violencia de género en toda su magnitud y que por tanto, se simplifique el
acto de agresión.
En cuanto a los cambios observados sobre la eliminación de la
violencia, la visión del fenómeno es bastante positiva. Los entrevistados
consideran que el gobierno ha actuado y creado mecanismos para eliminar
la violencia contra la mujer, y que gracias a ello los índices de violencia
han disminuido en la parroquia debido a estas acciones estatales. No
obstante, estas afirmaciones se realizan desde una base únicamente
perceptiva, no se cuenta con datos estadísticos que respalden este criterio.
En cuanto al imaginario social de las mujeres de la comunidad que han
sido entrevistadas respecto a la violencia, todas coinciden que este es un
fenómeno bastante frecuente, fundamentalmente en el ámbito
intrafamiliar. Asocian la violencia como una forma de maltrato, y aunque
el maltrato físico es el que en primer lugar identifican, reconocen que toda
forma de discriminación contra la mujer implica un acto de violencia. En
este sentido, apuntan que la causa principal de la persistencia de la
violencia contra la mujer es el machismo, por tener que vivir toda una
vida en condiciones de subordinación y dependencia del hombre.
Sin embargo, debe apuntarse que si bien se reconoce la discriminación
contra la mujer como una forma de violencia, por lo general ésta se
identifica más a través de manifestaciones físicas y en última instancia
con gritos y discusiones sin puntualizar en manifestaciones más concretas.
Tampoco existe una concientización explícita acerca de cómo la
condición de género propicia la misma, a pesar de que mencionen el
machismo como una de las causas, no se hace desde una mirada reflexiva
hacia la interpretación de la mujer como sujeto histórico sometido a
condiciones de desigualdad producto a los procesos de estructuración
social. De manera explícita, no reconocen como una de las causas
esenciales la educación sexista, las inequidades y las relaciones de poder
jerárquico del hombre sobre la mujer.
La violencia se visibiliza por lo general en el entramado de las
relaciones de pareja, donde se pone de manifiesto la posición jerárquica
del hombre en cuanto a la toma de decisiones y la distribución de los
recursos en el hogar, es en este espacio donde evidencian la existencia de
la violencia física y psicológica.
Para algunas de las mujeres, la violencia consiste no solo en los golpes
y el maltrato físico, sino también ser obligada a hacer cosas contra su
voluntad. Las mujeres con pocos recursos adquisitivos consideran que
otra de las causas que permite la persistencia de la violencia es la
condición de pobreza a las que están sometidas, siendo la razón
económica un determinante que las ubica en una clase social excluida, que
les impone privaciones en el ámbito social por las pocas oportunidades de
acceso a determinados servicios de la parroquia. En este sentido, aluden a
que muchas de las mujeres en condiciones de pobreza o con pocos
recursos, no son bien atendidas cuando acuden a realizar denuncias contra
el maltrato que sufren tanto en sus hogares como en espacios públicos y
por funcionarios. De esta forma, se observa cómo la violencia es un
fenómeno relacional, interconectado a otros fenómenos sociales como la
pobreza, manifestándose para este grupo de mujeres en condiciones de
privación de formas diversas. Además de portar las condiciones
estructurales de desigualdad que sufre la mujer como sujeto histórico en
sentido general, sufren la exclusión de su grupo o clase social de
pertenencia.
De esta forma, a pesar de los esfuerzos del Estado ecuatoriano y la
disminución de la tasa de pobreza del país en los últimos años, aún existe
un gran grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad social que
son doblemente excluidos de los beneficios institucionales: por la
privación material y por la exclusión asociada a los imaginarios sociales
que perviven en la sociedad que obstaculiza la adecuada atención de los
servicios públicos a estas personas.
Dos de las mujeres entrevistadas apuntaron en este sentido, que no se
sienten seguras al acudir a denunciar, pues según plantean: “al pobre no le
ayudan en la totalidad”. Asimismo, consideran que en la parroquia no se
RECUS. PUBLICACIÓN ARBITRADA CUATRIMESTRAL. V0L 2, AÑO 2017, No. 1 (Enero - Abril) 7
Políticas públicas ecuatorianas ante las recomendaciones de la cedaw. Estudio de caso en la parroquia rural San Isidro, provincia Manabí en el período del 2012 al 2015
ha hecho todo para eliminar la violencia contra la mujer, ya que no es
suficiente que el victimario sea sancionado. En tanto, es necesario tomar
medidas más profundas, también se considera que los funcionarios
públicos tienen responsabilidad en la persistencia de la violencia contra la
mujer al no brindar la ayuda necesaria y mirar la condición
socioeconómica para atenderlas, esto indica que la violencia no solo se
ejerce por el hombre maltratador, sino también a nivel institucional donde
la estratificación social influye en la atención al fenómeno.
En opinión de una de las mujeres, el papel de los funcionarios
públicos de la Parroquia en cuanto a la atención de los derechos de las
mujeres es malo. Según la entrevistada, las principales violaciones de los
derechos de las mujeres en la parroquia son dadas por el abuso de poder,
no sólo de sus maridos, sino de los funcionarios públicos que maltratan a
las mujeres por considerarlas inferiores. En este sentido, opina que los
funcionarios públicos deben capacitarse en temas de género y en cómo
combatir la violencia contra la mujer para poder actuar adecuadamente.
Sobre la revictimización de la mujer en los casos de violencia, las
féminas entrevistadas apuntan que no se le presta atención a sus
denuncias, lo que influye en la persistencia del fenómeno, que según
refieren ellas y contrario a la opinión de los funcionarios públicos, no ha
disminuido.
De manera general, los discursos de las mujeres respecto a la violencia
de género, reflejan que este fenómeno no sólo es producto de una
situación de desigualdad social, de distribución y acceso a los recursos
económicos, también de un sistema de ideas, estereotipos, valores y
representaciones sociales arraigadas en la cultura patriarcal y que son
transmitidas a través del proceso de socialización, en lo que la familia, la
escuela, los medios de comunicación y la comunidad desempeñan un
papel fundamental en la reproducción de estos valores, a la vez que
constituyen espacios que no han sido aprovechados en todas sus
potencialidades, como vías directas de acción e influencia social para
intervenir y abordar esta problemática. Es así que la violencia de género,
como sistema de dominación, se ejerce a través de estos espacios de forma
simbólica y estructural.
Por su parte, muchas de las mujeres entrevistadas refieren que en caso
de ser violentadas acudirían a denunciar, sin embargo, no conocen de
acciones en la Parroquia dirigidas a ayudar a las mujeres violentadas, por
lo que no evidencian cambios en este sentido ni tampoco saben dónde
orientarse.
En cuanto a los marcos legales que protegen los derechos de las
mujeres, muy pocas se mostraron conocedoras, la mayoría mencionan el
Código de la Niñez y de la Familia y sólo dos la Constitución de la
República de Ecuador, pero ninguna tuvo conocimiento de la existencia
de la CEDAW. Solo 2 mujeres mencionaron conocer la Ley 103 contra la
Violencia a la Mujer y la Familia, sin embargo no conocen a fondo su
contenido.
3. Resultados
Al analizar la implementación de las políticas públicas de la Parroquia
sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, se observa que
su intencionalidad fundamental es procurar la protección de la mujer de
todas las formas de discriminación, tomando como base la Constitución
de la República de Ecuador, en concordancia con la serie de acuerdos
internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, al
aplicarse mayoritariamente de forma reactiva y no proactiva, el carácter
asistencialista de las mismas y la no existencia de medidas y políticas
preventivas, determina que la discriminación y la violencia contra la
mujer no ha sido visto como un fenómeno más complejo y estructural,
producto del desarrollo de la sociedad patriarcal marcada por el
desequilibrio de poder que desfavorece a la mujer por diferentes
mecanismos discriminatorios.
Finalmente, la investigación demuestra cómo las desventajas
socioeconómicas unidas a las brechas históricas de la mujer como ser
social, no han podido ser radicalmente superadas, a pesar de los esfuerzos
del Estado ecuatoriano, por lo que se requiere de un análisis en los
aspectos macro y micro estructurales que se conjugan en la reproducción
social de la violencia contra la mujer como forma de desigualdad. En este
sentido, es necesario replantearse las políticas públicas que en la
actualidad se están implementando en la parroquia, que incluyan de
manera explícita la dimensión del género y se explicite y desarrollen las
vías o estructuras para la atención al problema de la violencia contra la
mujer.
4. Discusión
Se evidenció el desconocimiento tanto por los funcionarios como por
las mujeres entrevistadas de la parroquia rural San Isidro de los principios
de la CEDAW, aunque de manera general mostraron conocimientos
acerca de acciones y algunas medidas que el gobierno ecuatoriano
implementa para erradicar la violencia contra la mujer, relacionadas con
los principios de la CEDAW.
Se evidenció desconocimiento de los procedimientos penales
específicos que se deben seguir al aplicar las nuevas leyes.
Las principales acciones identificadas por los funcionarios para
erradicar la violencia contra la mujer, son aquellas que se reflejan a través
de los medios de comunicación masiva, así como el derecho a la
participación de la mujer en la vida pública.
Dentro de las causas de la revictimización de la violencia contra la
mujer se apunta por parte de los funcionarios, la poca preparación e
información que la población tiene sobre el fenómeno, que muchas
mujeres no saben reconocer cuándo son maltratadas, y por otro lado no
presentan denuncias. Mientras que las mujeres plantean que esto se debe,
entre otros aspectos, a la poca preparación del sector público para dar
solución a este problema así como por la condición social de las mismas.
El imaginario social respecto a la violencia de género, se centra
fundamentalmente en la violencia intrafamiliar asociada al maltrato físico,
sexual y psicológico, aludiendo así, que éstas son las principales
manifestaciones de violencia contra la mujer existentes en la parroquia.
Tanto funcionarios como mujeres de la parroquia, plantean que aún
son insuficientes las estrategias y políticas para mitigar la violencia contra
la mujer, por lo que se necesita incrementar la cobertura del sistema de
protección de las víctimas.
Las medidas que se implementan en la Parroquia para la eliminación
de la violencia contra la mujer, responden al diseño de políticas públicas
de tipo más reactivas que proactivas.
Los discursos de los funcionarios públicos apuntan que la visión
sobre la violencia contra la mujer a través de la implementación de
8 RECUS. REVISTA ELECTRÓNICA COOPERACIÓN - UNIVERSIDAD – SOCIEDAD. UTM – ECUADOR ISSN 2528 - 8075
Vera Viteri
políticas públicas se centra más en la necesidad de incrementar los
servicios de atención a las víctimas.
De manera que se recomienda:
Poner en marcha un plan de formación en la violencia contra las
mujeres para todo el personal sanitario en la parroquia.
Realizar capacitaciones sobre la base de los principios y
recomendaciones de la CEDAW a los funcionarios públicos.
Diseñar, promover y emprender campañas de divulgación acerca
de los instrumentos que protegen a las mujeres de una vida sin
violencia y discriminación.
Realizar campañas de información a la comunidad acerca de la
existencia de los organismos que atienden en la parroquia la
violencia contra la mujer.
Desarrollar grupos de supervisión para la evaluación de las
acciones y políticas dirigidas a las mujeres y la eliminación de la
violencia.
Poner en marcha un registro de violencia contra las mujeres en la
Parroquia.
Implementar en los planes de desarrollo de la Parroquia el
enfoque de género de forma consciente y más amplia.
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